Aumentan las impugnaciones a las detenciones del ICE en Long Island, pero muchos inmigrantes carecen de acceso a un salvavidas legal

La joven madre ecuatoriana se presentó el pasado otoño en una oficina de inmigración de Bethpage para una entrevista sobre su solicitud de asilo, el derecho legal a vivir en Estados Unidos por miedo a su país de origen. La acompañaban su marido y su hijo de 3 años, nacido aquí. Justo después de la cita, dos agentes federales la detuvieron mientras su familia esperaba en el vestíbulo.

Los agentes dijeron a la mujer de 30 años, cuyo nombre de pila es Erika, que se quitara los pendientes y se recogiera el pelo. Los agentes le quitaron el teléfono, el dinero en efectivo e incluso la goma del pelo que llevaba en la muñeca, según declaró la mujer en una entrevista.

"Sentí que todo se me venía encima", dijo en español Erika, que vive en el país desde 2021. Newsday no publica su apellido para proteger su privacidad.

Pero Erika ya tenía un abogado, Reuben Kerben, que actuó con rapidez tras una llamada de su marido. En cuestión de horas, la oficina de Kerben había presentado una petición de hábeas corpus ante el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, en Central Islip, en la que afirmaba que la detención de Erika era ilegal.

Y al cabo de 12 días -la mayor parte del tiempo en una estrecha sala de espera del tribunal, con la misma ropa con la que fue detenida-, un juez accedió a la petición y la liberó.

Erika, que vive en Brooklyn, es una de los cada vez más numerosos inmigrantes detenidos en Long Island y en todo el país que han logrado convencer a los jueces de que el Gobierno los encarceló ilegalmente, lo que ha atraído una nueva atención sobre una maniobra legal centenaria que se ha convertido en un salvavidas para muchos de los que se han visto envueltos en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Entre el 1 de noviembre y el 10 de febrero, 108 personas presentaron estas peticiones en el Distrito Este - después de sólo 19 en los primeros 10 meses del año pasado, según un análisis de Newsday de los registros de los tribunales federales. Los jueces del distrito, que abarca Brooklyn, Queens y Long Island, han concedido la mayoría de ellas, según el análisis.

En todo el país se han presentado más de 19.000 peticiones de habeas corpus desde principios de 2025, más de tres cuartas partes de ellas desde noviembre, según Newsday.

"La explosión de casos de habeas es notable", dijo Peter Markowitz, profesor de derecho de inmigración y codirector de la Clínica de Justicia de Inmigración Kathryn O. Greenberg de la Facultad de Derecho Cardozo de Nueva York.

El habeas corpus, que en latín significa "presentar el cuerpo", es una de las herramientas más antiguas del sistema jurídico estadounidense, que otorga a los jueces la facultad de sopesar si la detención de una persona es legal. ¿A qué se debe esta explosión?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió el otoño pasado el uso de una ley que permite la detención obligatoria de inmigrantes sin una audiencia de fianza si entraron fuera de un punto de entrada oficial, incluso si fue años o décadas antes. Las administraciones anteriores, incluso durante el primer mandato de Trump, no solían encarcelar a estas personas sin una razón adicional, como cargos criminales en su contra.

Los inmigrantes objeto de deportación tenían casos vistos en un tribunal exclusivo, Pero la nueva política del gobierno excluyó a los jueces de dicho tribunal del proceso de audiencias de fianza. Los abogados de estos hombres y mujeres se vieron repentinamente imposibilitados de protestar por sus detenciones en el tribunal de inmigración, por lo que recurrieron a tribunales federales.

Los expertos explicaron al Newsday que las peticiones de habeas corpus han demostrado su eficacia en los tribunales federales, ya que su única finalidad es impugnar el encarcelamiento de una persona por parte del gobierno, y la administración está denegando las audiencias de fianza o la revisión individual de los casos de las personas.

Los abogados del gobierno, por ejemplo, argumentaron en las actas judiciales que la detención de Erika es legal porque, según su interpretación de la ley de inmigración, está sujeta a detención obligatoria y sólo tiene derecho a protecciones legales limitadas.

Pero al igual que con su caso, los jueces del Distrito Este están concediendo en gran medida las peticiones de habeas corpus de los inmigrantes, encontró Newsday, y rechazando la táctica de la administración Trump de mover rápidamente a las personas entre las instalaciones -haciendo difícil literalmente "producir el cuerpo."

 La jueza de distrito de EE. UU., Nusrat J. Choudhury, escribió en una orden que Erika no debería haber sido sometida a detención obligatoria, ya que el ICE le otorgó libertad condicional en 2021, lo que le dio derecho a una revisión individual de su caso. El ICE violó su derecho al debido proceso, según la jueza, ya que la agencia la arrestó sin evaluar primero si representaba un riesgo para la seguridad pública o si podía fugarse.

Su detención, escribió Choudhury, constituyó “una clara vulneración de su sustancial interés de libertad en estar libre de encarcelamiento”.  

Kerben, el abogado de inmigración, previamente presentó peticiones de habeas corpus para acusados criminales, pero como la política federal de inmigración "cambió radicalmente", dijo, también se han convertido en la "herramienta a la que recurren" los abogados para sacar a los inmigrantes de la cárcel.

"Hay que actuar con rapidez"

Sólo una pequeña parte de los inmigrantes detenidos se están beneficiando de ello.

Más de 5.236 personas habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en la ciudad de Nueva York y los suburbios circundantes, incluidos los condados de Nassau y Suffolk, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2025, según datos federales de inmigración publicados por el grupo de investigación Deportation Data Project y analizados por Newsday.

ICE publicó datos este mes mostrando que 70.766 personas estaban detenidas en todo el país, y dijo previamente que casi 3 millones de personas ya habían sido expulsadas del país. Esto significa que menos del 1% de las personas detenidas por el ICE han podido presentar peticiones para impugnar su detención y encarcelamiento.

La agencia no respondió a la petición de comentarios del Newsday. Un portavoz de la fiscalía del Distrito Este declinó hacer comentarios para este reportaje.

Los abogados de inmigración citan una carrera contrarreloj -las peticiones deben presentarse antes de que un inmigrante sea trasladado fuera de la jurisdicción- y cómo la mayoría de los inmigrantes, para empezar, no pueden acceder a los abogados calificados. Eso podría deberse a que los bufetes privados con experiencia en la presentación de peticiones de habeas son demasiado caros o a que los servicios pro-bono están desbordados por la demanda.

Si sus clientes son trasladados a otro estado, es posible que los abogados locales no puedan representarlos allí. Y es probable que muchos abogados de inmigración no estén familiarizados con las normas de los tribunales federales, ya que normalmente ejercen en el tribunal de inmigración o ante la agencia federal, dijo Markowitz.

"Tienes que moverte muy rápido", dijo Carolyn Corrado, socia de Jadeja-Cimone Law, un bufete de abogados de inmigración que tiene oficinas en Hempstead y Central Islip. "Usted necesita tener un miembro de la familia que sea capaz y esté dispuesto a contratar a un abogado, esencialmente de inmediato".

Pallvi Babbar, una abogada de inmigración con sede en Levittown, dijo que ICE está arrestando a tantas personas en citas de rutina y volando fuera del estado tan rápidamente que ella está redactando las solicitudes de algunos clientes por adelantado. Hay una urgencia añadida, dijo, porque si alguien es trasladado fuera de los tribunales de Nueva York, hay menos posibilidades de un resultado favorable.

“Tengo todas estas peticiones preparadas por si son detenidos, para poder actuar con rapidez", explica Babbar.

Al igual que Erika, el bufete de Kerben presentó una petición de habeas corpus para Juan Carlos, también solicitante de asilo de Ecuador, pocas horas después de que los agentes del ICE lo detuvieran el 24 de noviembre en Patchogue. Se dirigía al banco antes de ir a trabajar como friegaplatos.

La madre de Juan Carlos, Ana, dijo que los agentes de inmigración pararon a su hijo preguntándole si reconocía a alguien en una foto. Él llegó a EE.UU. en 2022 y tiene un permiso de trabajo válido, según los registros judiciales.

El joven de 31 años -que tiene necesidades especiales, según su madre- estuvo detenido durante 10 días, primero en la sala de espera de Central Islip, luego en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn y en una instalación de ICE en Nueva Jersey. Su petición fue aceptada el 3 de diciembre y quedó en libertad.

"Esto me afectó al corazón y ahora tengo miedo de salir porque van a volver a aparecer en la calle", dijo Juan Carlos en español. Newsday tampoco revela su apellido a petición de su abogado, que alegó temor a acoso o represalias.

"Ese es el pensamiento que tengo en la cabeza. No puedo salir"

Afloran las frustraciones de los jueces

Los jueces federales locales dijeron que están cada vez más frustrados con el ritmo de detenciones, traslados y deportaciones del gobierno.

En una opinión del mes pasado que liberó a un detenido, el juez del Distrito Este Sanket J. Bulsara regañó a los funcionarios de inmigración por tratar al tribunal "como un juego de whack-a-mole, pero uno en el que controlan toda la información sobre los objetivos"

El juez de distrito Sanket J. Bulsara escribió que los oficiales de inmigracion están tratando a las cortes como un juego de “whack-a-mole,” trasladando a las personas de un lugar a otro, provocando detenciones más largas.

El juez dijo que la práctica de trasladar a los detenidos a diferentes lugares "hace perder tiempo, conduce a una detención prolongada -y en algunos casos, como el presente, a una detención ilegal, dado que [los funcionarios de la Administración] admiten libremente que no tienen base legal para la detención real- y es contraria a cualquier sentido racional de la gobernanza, la ley o la administración de los tribunales."

Su orden se produce después de que el también juez de distrito Gary R. Brown, designado por Trump, regañara a ICE a finales del año pasado por las condiciones en el juzgado de Central Islip y las respuestas del fiscal. Las críticas llevaron a la administración el mes pasado a limitar cuánto tiempo podían permanecer las personas en las salas de espera y limitar su capacidad.

El principal fiscal de Long Island, Joseph Nocella Jr, dijo en una carta a Brown que el gobierno está estableciendo un "Equipo de Respuesta de Habeas" para manejar la afluencia de casos, incluida la colocación de un abogado en el tribunal de Central Islip con el propósito de ayudar con el cumplimiento y las órdenes judiciales".

Las decisiones de algunos jueces concediendo peticiones de habeas corpus, según una revisión, están añadiendo mecánismos de protección para asegurar que el gobierno no pueda volver atrás y volver a detener a alguien o negarle una audiencia de fianza de nuevo en el futuro.

Los jueces del Distrito Este de Nueva York, y de otros lugares del país, han criticado duramente al gobierno por incumplir los plazos, dar información inexacta sobre los detenidos y cuestionar la legalidad de alguien sin revisar antes su caso.

"Los jueces ahora mismo están enfadados", dijo Lenni Benson, profesora de derecho de inmigración y derechos humanos en la Facultad de Derecho de Nueva York. "Están enfadados por la incapacidad del gobierno para presentar la parte gubernamental, están enfadados por la torpeza de los argumentos jurídicos que hay".

 Un análisis de enero realizado por Politico encontró que más de 300 jueces a nivel nacional se han pronunciado en contra de la política de detención obligatoria de la administración Trump, mientras que solo 14 han fallado a favor del presidente.”

Los abogados de los inmigrantes detenidos dicen que seguirán presentando tantas peticiones como puedan, lo que sugiere que la cuestión parece abocada a un tribunal superior.

La semana pasada, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el 5º Circuito -que abarca Luisiana, Misisipi y Texas- dijo en un fallo que sólo los inmigrantes que entraron legalmente en el país tienen derecho a una audiencia de fianza, lo que significa que los que entraron sin una inspección pueden enfrentarse a la detención obligatoria sin una audiencia de fianza. El gobierno también está apelando las sentencias de algunos jueces del 2º Circuito, que abarca Nueva York.

Barreras al acceso

Si la mayoría de las peticiones de habeas corpus presentadas en el Distrito Este tienen tanto éxito, ¿por qué no pueden presentarlas más de los miles de inmigrantes detenidos?

Los defensores dicen que un abogado de inmigración privado puede ser caro y que los abogados que saben cómo presentar peticiones de habeas corpus y están admitidos a ejercer en un tribunal federal específico son escasos.

Los honorarios legales para presentar una petición de hábeas corpus pueden costar miles de dólares, pero los abogados suelen cobrar un honorario fijo, dijo Kerry Bretz, un abogado de inmigración con sede en Manhattan.

En cuanto a los abogados pro bono, "muchos de ellos no tienen la capacidad de atender a alguien como quien acaba de ser detenido hoy, y que la familia venga y sea contratada en el acto", dijo Bretz. "La disponibilidad de personas cualificadas para hacer este trabajo a un precio razonable no existe. Y eso es un factor realmente triste"

Paige Austin, abogada del grupo de defensa Make the Road New York, que ha presentado peticiones en nombre de los detenidos, dijo que es difícil para su organización proporcionar servicios legales a las personas una vez que han sido trasladadas por el ICE a centros de detención en otras partes del país.

"Como proveedor de servicios no podemos prestar servicios a los neoyorquinos y a las familias de Nueva York una vez que son trasladados porque no estamos ubicados en esos otros lugares y no tenemos abogados admitidos en esos lugares y las normas varían según el lugar", dijo Austin.

La Cardozo School of Law ha puesto en marcha recientemente un nuevo programa diseñado para formar a abogados de todo el país sobre cómo responder a la represión de la inmigración y cómo presentar casos de habeas corpus, dijo Markowitz.

Antes de la reciente represión migratoria, Kerben, el abogado de Erika, dijo que nunca había presentado una petición de habeas corpus para un caso de inmigración. Dijo que se sentía "inseguro" al presentar su primera petición el verano pasado.

"Las aguas estaban relativamente inexploradas", dijo.

En la petición de Erika, Kerben alegó que cuando su cliente fue detenida, uno de los agentes reconoció que era inusual detener a alguien que buscaba un estatus legal sin orden judicial y sin antecedentes penales, pero que era "un signo de los tiempos".

"Son personas que vienen aquí en busca de nuestra ayuda", dijo Kerben al Newsday, "y agarrar a alguien que está buscando ayuda y destrozar a su familia sin más razón que la de seguir órdenes y decir 'es un signo de los tiempos', es muy desconcertante".

Erika, que habló con Newsday desde la oficina de Kerben en Queens, dijo que su detención el pasado otoño en Bethpage la cambió.

"No tengo la confianza que tenía antes para salir", dijo, "ni para ir a ningún sitio"

Belisa Morillo, del Newsday, ha contribuido a este reportaje.